El lado oscuro de los coches eléctricos
En los últimos cinco años, varios países de la UE han intentado que toda la cadena de valor de una producción sea compatible con los derechos humanos y la protección del medio ambiente. En marzo de 2021, el Parlamento Europeo aprobó un informe para exigir la diligencia debida también a las empresas con menos de 1.000 empleados. Esto se considera una invitación a la Comisión de la UE para que elabore la ley correspondiente.
El objetivo es prohibir en el mercado europeo las mercancías producidas con trabajo forzado. Las mercancías y materias primas procedentes de China y África están especialmente afectadas. La materia prima cobalto, que se encuentra en la gran mayoría de las baterías de litio, también se ve afectada. La mitad de esta materia prima se encuentra en el Congo, donde a menudo se extrae mediante trabajo infantil. Así, es fácil calcular que hay muchos coches eléctricos en nuestras carreteras que sólo funcionan gracias al trabajo infantil.
A mediados de año se aprobó en el Bundestag una ley sobre la cadena de suministro. A partir del 1 de enero de 2023, todas las empresas con más de 1.000 trabajadores deberán cumplir esta ley. Un año después, las que tengan menos trabajadores también deberán aplicar la ley.
Pero las consecuencias no parecen haber calado realmente en las empresas. El bufete de abogados GvW ha calculado que alrededor del 46% tendrán problemas con su cadena de suministro porque sus proveedores no cumplen las normas sobre derechos humanos o medio ambiente. Pero sólo unos pocos son conscientes de ello. Más del 70% asume que el riesgo para ellos es bajo o medio. Esto es asombroso, porque una de cada tres empresas tiene más de 100 proveedores, muchas incluso hasta 1.000. En la industria de la confección, el número medio de proveedores es de 146.
La aplicación y el control de la ley tampoco son fáciles. Casi el 60% de las empresas hacen negocios con China y es dudoso que las empresas chinas se dejen presionar tanto por una ley en Europa que de repente concedan derechos humanos a sus empleados. Las sanciones para las empresas que no vigilen sus cadenas de suministro pueden llegar al dos por ciento de la facturación.
Pero el mayor reto está aún por llegar, en 2024, cuando la Comisión Europea adopte una directiva que impondrá responsabilidad civil por violaciones de la diligencia debida. También será apasionante comprobar hasta qué punto la gente está realmente dispuesta a pagar mucho más por un producto. Al fin y al cabo, siempre es más caro cumplir las normas de derechos humanos y medioambientales. El mercado de los coches eléctricos también podría cambiar, sobre todo porque la cuestión es si el objetivo de eliminar progresivamente el motor de combustión y fomentar la venta de coches eléctricos puede seguir cumpliéndose.