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Golpe al coche eléctrico: Suiza revela costes astronómicos y pérdidas fiscales por el auge de los VE

Suiza ha anunciado que suprimirá los incentivos fiscales a la compra de vehículos eléctricos (VE) a partir del 1 de enero de 2024, en medio de la preocupación por las crecientes pérdidas fiscales debidas al auge de los VE. A partir de ahora, los importadores de vehículos eléctricos tendrán que pagar un gravamen fiscal del 4% del precio de importación del vehículo. Se suprime así la exención fiscal vigente desde 1997.

La decisión es una reacción a la creciente pérdida de ingresos del llamado impuesto sobre los automóviles, que se verá agravada por la creciente popularidad de los vehículos electrónicos, que representarán el 23% de las nuevas matriculaciones en el primer semestre de 2023. El Consejo Federal Suizo prevé pérdidas fiscales de entre 100 y 150 millones de francos suizos sólo para el año en curso. Las pérdidas fiscales acumuladas para los años 2024 a 2030, si se mantiene la exención fiscal, se estiman entre 2.000 y 3.000 millones de francos suizos.
 
Cuando se introdujo la exención fiscal, se pretendía compensar los costes de adquisición significativamente más elevados de los vehículos eléctricos. Sin embargo, como los costes de producción de los coches eléctricos no dejan de bajar, el Consejo Federal parte de la base de que en 2025 se alcanzará la paridad de precios entre los coches propulsados por combustibles fósiles y los eléctricos.
 
El cambio afecta a los "deudores", en este caso los importadores de los vehículos, que tienen la opción de añadir los costes fiscales al precio de venta. En Suiza, el impuesto sobre los vehículos de motor se destina a un fin específico, y los ingresos van a parar al Fondo Nacional de Transporte por Carretera y Aglomeración (NAF).

La medida de Suiza contrasta con el planteamiento del Gobierno alemán, que intenta ampliar los incentivos fiscales para los vehículos eléctricos. La legislación fiscal vigente en Alemania estipula que los empleados sólo tienen que pagar el 0,25% del precio de catálogo bruto de un coche de empresa totalmente eléctrico para uso privado, siempre que el coche cueste menos de 60.000 euros.
 
Sin embargo, esto ha provocado las críticas de organizaciones ecologistas como Deutsche Umwelthilfe (DUH), que sostienen que la normativa fomenta la compra de coches de empresa eléctricos de gran tamaño y excesiva potencia, y piden que se suprima el "privilegio socialmente injusto y perjudicial para el clima del coche de empresa".
 
Las distintas estrategias fiscales ponen de manifiesto el reto que supone para los gobiernos conciliar la promoción de la movilidad sostenible con la necesidad de gestionar eficazmente los ingresos fiscales ante el creciente mercado de los coches eléctricos.