¿Fraude en las estaciones de recarga?
Las estaciones de recarga, independientemente de si cargan rápido o tardan más, no deberían cargar más electricidad de la que recibe el consumidor. Pero esto ocurre con demasiada frecuencia porque muchas estaciones de recarga no están calibradas.
Las leyes de calibración están ahí principalmente para que la competencia entre empresas sea honesta y para proteger a los consumidores. Sólo debe pagarse la electricidad real que ha entrado en el vehículo. Los operadores que no contabilizan limpiamente incluso tienen que pagar una multa. Hasta aquí la teoría. En la práctica, sin embargo, las pérdidas de electricidad que se producen durante la recarga no se contabilizan correctamente. La única razón es que la tecnología de facturación aún no está plenamente desarrollada. De hecho, actualmente sólo hay cuatro fabricantes cuyas estaciones de recarga facturan correctamente. Algunos de ellos no fueron homologados por las autoridades hasta el verano de 2021.
El resto proporciona información inexacta. Las infracciones de la ley de calibración se castigan normalmente con 50.000 euros. Sin embargo, a la vista del gran número de contadores calculados incorrectamente, se ha decidido de forma pragmática renunciar a las multas a los operadores, ya que no sería adecuado cerrar los contadores. Para ello se acogen a los poderes discrecionales que les otorga la ley. Si se pusieran fuera de servicio todas las estaciones de recarga no calibradas a la vez, toda la infraestructura de estaciones de recarga se vendría abajo. Los juristas coinciden en que esto vulneraría el principio de proporcionalidad, ya que prevalecería el interés público.
Hasta ahora, los grupos de protección de los consumidores no ven motivos para tomar medidas contra esta práctica de facturación. Sin embargo, si el ritmo de reconversión de las infraestructuras se ralentiza, exigirán medidas contra los operadores. Así que los operadores no tienen más remedio que reconvertir sus antiguas estaciones de recarga lo antes posible para que cumplan la ley de calibrado. Las inversiones son millonarias: Entre 500 euros (para las estaciones de recarga lenta) y 6000 euros (para las estaciones de recarga rápida) se cobrarán a las empresas por estación de recarga. Algunos puntos de recarga deberán sustituirse por completo. A esto hay que añadir las estaciones de recarga que ya faltan: Para cubrir la demanda, se necesitarían 20 veces más puntos de recarga que en la actualidad. Como siempre, los perjudicados somos los consumidores, que no tenemos más remedio que aceptar el fraude.