Es un amargo revés para los contribuyentes: ninguna acción legal contra el ex ministro de Transporte Andreas Scheuer por el fallido peaje para automóviles. Un proyecto de prestigio de la CSU, que fue detenido por el Tribunal Europeo de Justicia en 2019 y costó mucho dinero al gobierno federal. El Ministerio Federal de Transportes ha anunciado ahora que no emprenderá acciones legales contra Scheuer.
La decisión del Ministerio de Transportes se basa en un dictamen pericial que desaconseja emprender acciones legales por reclamaciones de responsabilidad, ya que las posibilidades de éxito son demasiado bajas. El actual Ministro de Transportes, Volker Wissing (FDP), había encargado el análisis para aclarar posibles reclamaciones contra su predecesor. Ahora está claro que Scheuer no será llevado a los tribunales, a pesar de que el proyecto de peaje para automóviles ha causado daños financieros por un total de la friolera de 243 millones de euros.
Sin embargo, el ministerio subraya que Scheuer sigue siendo políticamente responsable. Un pequeño consuelo para los contribuyentes que deben pagar la factura.
Se suponía que el peaje era un proyecto muy importante para la CSU, un proyecto emblemático que cambiaría Alemania. Pero el plan fracasó. El Tribunal de Justicia Europeo paralizó el proyecto porque discriminaba a los conductores extranjeros. Scheuer, aún en el cargo en aquel momento, anuló inmediatamente los contratos con los operadores previstos, que exigieron entonces una indemnización. Un procedimiento de arbitraje obligó al gobierno federal a pagar 243 millones de euros.
Scheuer también fue criticado por concluir los contratos con los operadores a finales de 2018, incluso antes de que el TJUE estableciera la seguridad jurídica definitiva. Una maniobra arriesgada que costó cara al contribuyente.
El peritaje encargado por el Ministerio de Transportes llegó a la conclusión de que, si bien cabía considerar la responsabilidad derivada de una relación oficial de derecho público, también aludía al considerable riesgo litigioso y a las dudas justificadas sobre la exigibilidad de las posibles reclamaciones. Por ello, el Ministerio sigue la recomendación de los expertos y se abstiene de emprender acciones legales contra Scheuer.
Wissing había encargado el dictamen pericial para examinar si existen reclamaciones de responsabilidad contra Scheuer y si son exigibles ante los tribunales. "No podemos simplemente dejar de lado el expediente con 243 millones de euros", dijo entonces el político del FDP. Por tanto, Scheuer sigue siendo políticamente responsable, pero jurídicamente indiscutible.
Queda un regusto amargo. Un costoso proyecto de prestigio que, en última instancia, sólo supone una carga para el contribuyente.