A partir de febrero, miles de vehículos diésel estarán prohibidos en la capital del Estado federado de forma escalonada. La prohibición ha sido criticada desde todos los frentes: ciudadanos, asociaciones automovilísticas y políticos que esperan que las autoridades de transporte den marcha atrás. Pero la ciudad se mantiene firme en su postura.
A partir del 1 de febrero, los vehículos diésel de la categoría de emisiones Euro4 no podrán circular por el Mittlerer Ring de Múnich. A partir de octubre, la prohibición se aplicará también a los vehículos Euro5. De este modo, se prohibirá la circulación de unos 140.000 vehículos diésel. Una decisión que responde a la emergencia de contaminantes en el aire, pero que ha dejado a muchos ciudadanos de Múnich y sus alrededores sintiéndose inseguros y enfadados. Sin un permiso especial, ya no podrán hacer gran cosa con los viejos coches diésel en la ciudad.
Según el diputado de la CSU Robert Brannekämper, comprar un coche nuevo o recurrir únicamente a la bicicleta o al transporte público no es una opción para todos. El propio Brannekämper se ve afectado por la prohibición de circular. Sin embargo, a diferencia de muchas otras personas, él no depende de su coche para ir al trabajo. Sin embargo, el diputado no quiere aceptar la medida y prepara una demanda contra la ciudad junto con el club automovilístico "Mobil in Deutschland". Además de la prohibición del diésel, también rechazan cualquier intención de establecer un límite de velocidad. Después de las vacaciones, quieren emprender acciones legales e intentar detener la imposición de las prohibiciones de circulación más estrictas.
Sin embargo, no sólo las asociaciones automovilísticas y algunos políticos critican la imposición de las prohibiciones de circulación. También hay presiones contra la medida en los alrededores de Múnich, sobre todo en Erding. La prohibición prevista del diésel provocó acaloradas discusiones en la reunión de la Asociación de Planificación Regional de Múnich (RPV). La ciudad había excluido a los alrededores de las consultas por falta de tiempo. Sin embargo, las autoridades locales quieren dar su opinión y exigen que se excluya de la zona de prohibición una parte del Mittlerer Ring, concretamente el tramo comprendido entre las autopistas A8 y A95. Según la RPV, los efectos en los alrededores no se han tenido suficientemente en cuenta en el plan de aire limpio. Sólo en el distrito de Erding se ven afectados varios miles de vehículos diésel Euro4, que ya no podrán circular por la zona medioambiental ampliada al Mittlerer Ring a partir de febrero. Miles de automovilistas, explica Christian Breu, Director General de RPV, no pueden pasarse sencillamente al transporte público porque "no hay un servicio eficiente".
Si, por el contrario, se limita la ampliación de la zona medioambiental o se estudian nuevas exenciones para los residentes de los alrededores -que dependen del coche-, los distritos podrían aceptar más fácilmente las nuevas medidas de transporte para proteger el clima. Sin embargo, la asociación de planificación también duda fundamentalmente del sentido de la ordenanza. Según sus previsiones, incluso las medidas individuales en la Landshuter Allee deberían permitir el cumplimiento de los valores límite de 2023. En este sentido, no son necesarias más prohibiciones.
Una postura que también apoya el presidente del club automovilístico. No hay "absolutamente ninguna base para esta reacción visceral", comenta Michael Haberland. Los valores de dióxido de nitrógeno "están completamente dentro de la zona verde de Múnich" y "cumplen prácticamente todos los límites de la UE y los de la Ordenanza Federal de Control de Inmisiones", prosigue. Sin embargo, esto no se corresponde con la forma en que la capital del Estado presenta la situación medioambiental y de emisiones. Si los valores mejoran en las respectivas fases del plan de prohibición gradual, se revisarán las siguientes etapas y su proporcionalidad, pero Múnich sigue opinando que las prohibiciones son la decisión correcta para garantizar el cumplimiento de los valores límite fijados por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. De lo contrario, el incumplimiento podría acarrear elevadas sanciones, y no menos consecuencias para el medio ambiente y la salud pública.