A menudo surgen polémicas en torno a la introducción de nuevas prohibiciones de circulación. En España y Francia, sin embargo, la oposición se ha hecho tan fuerte que la introducción se ha pospuesto, cuando no cancelado del todo.
Las medidas de transporte respetuosas con el medio ambiente suelen acogerse con optimismo. La creación de zonas de bajas emisiones, por ejemplo, en las que se prohíbe la circulación de vehículos contaminantes, se considera un paso positivo hacia un futuro más ecológico. Sin embargo, también son muchos los que se oponen a estas iniciativas. En algunas ciudades, sobre todo en Francia y España, la introducción de nuevas zonas de bajas emisiones está encontrando una fuerte resistencia tanto por parte de las autoridades locales como de los ciudadanos.
En España, muchos municipios deben establecer zonas de bajas emisiones antes de 2023 como parte de la nueva ley del clima. Todos los municipios de más de 50.000 habitantes, así como los de más de 20.000 residentes, estarán obligados a introducir normativas específicas para restringir el tráfico en determinadas zonas y limitar así las emisiones nocivas. Sin embargo, a pocos meses de la entrada en vigor de esta obligación, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) pide al Gobierno que retrase su implantación al menos un año. Esto se debe a que aún falta el real decreto que establezca los requisitos mínimos en los que deberán basarse después las leyes de ámbito municipal. Sin un marco jurídico, sería imposible, según la FEMP, promulgar la nueva normativa antes de finales de año, como estaba previsto en un principio.
Algunas organizaciones ecologistas creen que la verdadera razón de tal petición es en realidad otra. Creen que, aunque la mayoría de los municipios acabarán adoptando los planes de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, esto no ocurrirá en los próximos meses. "Hay elecciones en mayo, y no van a imponer restricciones al tráfico cinco meses antes", explica Carmen Duce, de Ecologistas en Acción. En consecuencia, lo más probable es que no se activen todos los medios para conseguir estos objetivos inmediatamente, sino después. Sin duda, una consecuencia del miedo de alcaldes y candidatos a perder el apoyo de sus votantes. Sin embargo, según las encuestas realizadas, se trata de un temor potencialmente infundado. En realidad, la mayoría de los ciudadanos está a favor de reducir el uso de coches con motor de combustión debido a su elevado impacto medioambiental.
En 18 ciudades españolas, varios grupos de voluntarios, coordinados por Greenpeace, han salido incluso a la calle para recordar a sus alcaldes que autoricen nuevas zonas de bajas emisiones de aquí a 2023. Según ellos, la apertura de las nuevas zonas de bajas emisiones es un paso importante "para la eliminación de emisiones nocivas para el medio ambiente y la salud". Un "hito histórico" que debería celebrarse, y no verse empañado por la "pasividad y falta de ambición" de los concejales. Sobre todo porque, según un informe de Greenpeace, el 52% de los españoles vive en ciudades donde los niveles de contaminantes como el dióxido de nitrógeno siguen siendo elevados, con importantes consecuencias para la salud de los ciudadanos. Una situación crítica que no remitirá por sí sola si no se toman medidas de reducción del tráfico. Sin embargo, parece que "de momento, el decreto seguirá en el cajón", admite Duce.
Pero los frecuentes aplazamientos no son el único motivo de preocupación para los partidarios de la introducción de zonas de bajas emisiones. En la ciudad francesa de Toulouse, por ejemplo, la situación es tan tensa que tres coches del ayuntamiento fueron incendiados en protesta contra la zona de bajas emisiones. Desde la primavera, ha prohibido la entrada al centro de la ciudad a todos los vehículos con la pegatina Vignette 5, lo que ha provocado el descontento de muchos ciudadanos. Todavía hay muchos propietarios de coches antiguos que se sienten penalizados por la nueva normativa y, por tanto, no quieren cumplirla.
Como en España, los ciudadanos franceses también se han movilizado para protestar. Pero no para presionar a las autoridades locales para que cumplan el calendario legal de introducción de las zonas de bajas emisiones, sino para pedir su supresión. La iniciativa "40 millones de conductores", por ejemplo, recorrerá Francia recopilando testimonios de "todos los que sufrirán las zonas ecológicas" en una especie de documental. El objetivo es también sensibilizar a los políticos locales sobre las necesidades de los ciudadanos, explica Pierre Chasseray, Delegado General de la asociación. Espera que al final se decidan por un aplazamiento hasta 2030. Esto debería dar tiempo a los ciudadanos para invertir en vehículos más respetuosos con el medio ambiente y, al mismo tiempo, dar a las ciudades la oportunidad de ampliar y optimizar las redes de transporte público.
Y es cierto que deben aplicarse de inmediato una serie de medidas complementarias para permitir el éxito de las nuevas zonas de bajas emisiones en Francia y España, pero en última instancia en toda Europa. Una movilidad eléctrica asequible, un transporte público fiable y una ciudad segura para peatones y ciclistas siguen considerándose las principales estrategias que los ayuntamientos españoles y franceses deberían tener en cuenta para que la idea de las zonas de restricción de coches sea más aceptable para los residentes. También son, junto con la prohibición de los motores de combustión, medios eficaces para lograr una verdadera transición ecológica del transporte hacia una movilidad más limpia.
Sin duda, las ciudades españolas y francesas harían bien en escuchar a sus ciudadanos, al menos en parte. Mientras tanto, sin embargo, no deberían perder de vista el objetivo, que es luchar contra la contaminación en el marco de la normativa de protección del clima. En este sentido, posponer constantemente los plazos o cambiar los planes de aplicación no es una buena idea para las comunidades española y francesa, para sus ciudadanos y, en última instancia, para el planeta.